Arrigorriaga - Vizcaya

El juez Garzón ordenó en 2002 cerrar los locales de Batasuna, pero la mayoría de ellos siguen abiertos. El PP exige su clausura y el Gobierno vasco vigila sus actividades

«Herriko tabernas», en el punto de mira

Hoy declaran en la Audiencia los dueños de las tabernas que se negaron a retirar las fotos y carteles en favor de ETA.
18 Agosto 09 - R. Coarasa / F. Cancio

MADRID- La última cruzada de los tribunales españoles contra las ««herriko tabernas»» vivirá hoy uno de sus momentos más importantes. Y es que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tomará declaración a los dueños y encargados de las tabernas pamplonesas «Ezpala» y « Zurgai», que se negaron a retirar fotografías y carteles en favor de los presos etarras. Este episodio se añade a los que se han vivido en los últimos meses y cuya finalidad era cercar a los terroristas y quienes las apoyan y evitar que se enaltezcan sus acciones violentas.
El juez central de Instrucción número 6 escuchará las alegaciones de los dueños, a los que les imputa indiciariamente un delito de enaltecimiento del terrorismo, así como a las encargadas de ambos establecimientos, a las que imputa otro delito de desobediencia por negarse a retirar de las paredes del local las fotos de terroristas tal y como les ordenó la Guardia Civil a principios de este mes.
Tras escuchar sus alegaciones, el juez celebrará una vista con el Ministerio Fiscal y los imputados para decidir si decreta el cierre de los locales en virtud del artículo 129 del Código Penal.
Años sin resultados
Desde que Patxi López llegó al Palacio de Ajuria Enea advirtió de que acabaría con cualquier signo de exaltación de la banda terrorista y así lo ha hecho. Pero no es tarea fácil. La Justicia lleva años intentando demostrar la vinculación de estas tabernas con ETA sin resultado alguno. Cuando la unión de las fuerzas políticas en la lucha contra el terrorismo es, por fin, una realidad, la de hoy podría ser la última oportunidad de zanjar en los tribunales la relación entre las «herriko tabernas» y los abertzales.
No obstante la historia actual revela que ese objetivo se antoja imposible. En agosto de 2002, el juez Baltasar Garzón asestaba el principal golpe judicial al entorno de ETA al ordenar la suspensión de actividades de Batasuna por ser un títere en manos de los terroristas. La resolución incluía el cierre de todas sus sedes y locales, algo que, se daba por sentado, acarrearía la clausura de las ««herriko tabernas»», habitual punto de encuentro de los proetarras, que el magistrado investigaba como una de las fuentes de financiación de la banda criminal. Siete años después, sin embargo, la mayoría de ellas siguen abiertas aunque, eso sí, controladas de cerca por un administrador judicial.
Desde las filas del PP se exigía, una vez más, en palabras del parlamentario Carlos Urquijo, «terminar con la impunidad con que se continúan utilizando estos locales siete años después de que se decretara su cierre». El Gobierno vasco salió al quite y su consejero de Interior, Rodolfo Ares, aclaró que el Ejecutivo vasco está «analizando la situación» para ver si «es necesario actuar».
La orden de embargo
Pero basta con echar la vista atrás para comprobar que la iniciativa de cerrar todas las «herriko tabernas» se ha topado con insalvables escollos jurídicos. Cuando se trató de llevar a la práctica la orden de Garzón (que decretó el embargo de 75 de ellas), se optó por designar un administrador judicial que supervisara las cuentas de estos locales cuyos titulares son «asociaciones culturales, gastronómicas y recreativas».
La Fiscalía sostenía entonces que de las «herriko tabernas» dependían familias sin vinculación con el entorno de ETA. El control de sus ingresos, se argumentó, era suficiente para impedir que desviaran fondos a los terroristas.
Unos meses más tarde, sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo reclamaba su «inmediata y definitiva clausura», esgrimiendo un informe del entonces delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, en el que denunciaba que se utilizaban para financiar a Batasuna. Pero, de nuevo, salvaron el «match-ball».
Tres años después, en el año 2006, el juez Fernando Grande-Marlaska volvió a situar a las «herriko tabernas» en el punto de mira al sospechar que, pese a la intervención económica, continuaban «dando cobertura» a los fines de ETA cumpliendo funciones de «financiación, logística y propaganda».
Otra vez contra la pared, el Tribunal Supremo procedió a inventariar el dinero y los bienes del más de centenar de «herriko tabernas» del País Vasco y Navarra para ejecutar de una vez la liquidación patrimonial de la ilegalizada Batasuna.
Falta de pruebas
Pero el proceso judicial que se abrió para decidir sobre su embargo favoreció de nuevo a las «herrikos», pues la Sala del 61 del Supremo se negó a ordenar la medida, al no apreciar pruebas concluyentes de su dependencia de Batasuna. Las órdenes de cierre, por tanto, sólo pueden llegar de forma individual cuando se demuestre su vinculación con la formación ilegalizada.

Homenajes los fines de semana
El presidente de Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero, certifica que «aunque se han controlado sus cuentas por un administrador judicial, la mayoría de los locales siguen abiertos». Para Portero, la importancia de la actuación judicial reside en que «se ha cerrado el grifo de las subvenciones que recibían y se ha impedido que desvíen fondos a Batasuna».
Sin embargo, el presidente de Dignidad y Justicia (una asociación que ha pedido a la Audiencia Nacional el cierre de varias herriko tabernas en los últimos años por su vinculación a Batasuna-ETA) denuncia que en sus sedes «todos los fines de semana se celebran actos de homenaje a presos etarras, además de que permanentemente se exhiben fotos de terroristas y se recauda dinero para organizaciones proetarras ilegalizadas».
https://ww.larazon.es/noticia/herriko-tabernas-en-el-punto-de-mira