Castromonte - Valladolid

EL estudio demoscópico realizado por DYM Market Research para ABC sobre política económica no ofrece ninguna duda de la masiva oposición ciudadana a la decisión del Gobierno de incrementar los impuestos para luchar eficazmente contra la crisis. Pese a que todo sondeo en el que se pregunte a los ciudadanos si son partidarios de un aumento de la presión fiscal es muy susceptible de incurrir en tentaciones demagógicas, las conclusiones en este caso son muy indiciarias de la absoluta desconfianza que genera en todas las clases sociales la política económica del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. La mitad exacta de los consultados opina que para favorecer una mejora de la economía el Gobierno debería hacer exactamente lo contrario, esto es, bajar los impuestos; cuatro de cada diez consideran que debería mantenerse la presión fiscal en sus actuales términos y apenas un raquítico 6 por ciento se muestra conforme con subirlos. La contundencia de los números no refleja sólo una lógica reacción contra cualquier medida que afecte directamente a los bolsillos, sino que acredita que no han calado en la sociedad española ni el mensaje falseado por el PSOE sobre la solidaridad colectiva en tiempos de recesión, ni el recurso fácil y rancio de alentar un conflicto hoy irreal entre ricos y pobres, como hurtando a la opinión pública la evidencia de que el 80 por ciento de la población española está encuadrada en lo que se denomina clase media, precisamente la más afectada. No por repetir constantemente la desgastada consigna del «ciudadano comprensivo y responsable» que sabrá aceptar la subida de impuestos como un mal menor pero necesario, el Gobierno va a ganar enteros en su lucha contra la impopularidad de las medidas y contra la sensación de impotencia que transmite.
La evolución de la crisis ha hecho perder al Gobierno buena parte de su escasa credibilidad y sólo gracias al apoyo incondicional de los sindicatos consigue mantenerse a flote sin que las calles se conviertan en una protesta permanente. Las advertencias de todos los organismos internacionales de referencia mundial siguen incomprensiblemente sin hacer rectificar a Rodríguez Zapatero, cuyo Gobierno parece ser el único en desconocer que un incremento de impuestos no conllevará una reactivación de la economía, ni va encaminado hacia una reforma del modelo productivo, ni generará empleo. Este empecinamiento es sólo el remedio más fácil para soportar un gasto público basado en un engañoso diagnóstico y en una irresponsabilidad: la de hipotecar durante años el futuro de los españoles sin la aprobación de las reformas estructurales que requiere nuestra economía. Precisamente la del gasto público es otra variable que el sondeo maneja para alcanzar la conclusión de que apenas un 14 por ciento de los ciudadanos es partidario de incrementarlo como revulsivo contra la crisis. Mientras en España el Gobierno elude alegremente una auténtica política de austeridad y contención del gasto, en favor de un castigo fiscal a la sociedad y de la penalización del consumo, Angela Merkel anuncia que los alemanes verán reducidos sus impuestos en 24.000 millones de euros al año sin menoscabo para las políticas sociales y de protección. Ayer, Zapatero se empeñó en nadar contracorriente en su tardío diagnóstico de la crisis; hoy, continúa contra la corriente en las soluciones a la crisis.