Alcalá de Guadaíra - Sevilla

La Junta y Mercasevilla se repartían las comisiones que exigían a los empresarios, según estos

jueves, 25 de junio de 2009

Pedro Sánchez Cuerda, uno de los empresarios de La Raza que fueron extorsionados por altos cargos de Mercasevilla, el PSOE y la Junta, según los hechos relatados en la instrucción, añadió ayer que no sólo fueron conminados a pagar comisiones para obtener sus fines empresariales sino que, según los presuntos extorsionadores y altos cargos de Mercasevilla, el "pago del impuesto" era una práctica habitual en la Junta de Andalucía, que incluso ponía «baremos», por lo que sospechan que las comisiones se repartían entre directivos de la empresa y la administración autonómica.

Ante la jueza Mercedes Alaya, Sánchez Cuerda ratificó su declaración inicial a la Policía según la cual le habían pedido dinero (450.000 euros) a cambio de adjudicarles la Escuela de Hostelería de Mercasevilla. Según su testimonio, en la primera reunión que mantuvo con Ponce y con Regla Pereira (subdirector y secretaria), éstos le comunicaron que le habían concedido la subvención pero que tenía que comentarle dos cosas malas: la primera que la acometida eléctrica del edificio donde se iba a ubicar la Escuela no era suficiente y que era necesario contratar una nueva instalación de 150.000 euros, y la segunda, que La Raza «tenía que pagar una comisión o impuesto de 300.000 euros a la Junta. Textualmente le dijeron:«los que dan piden», según informa hoy toda la prensa andaluza, especialmente ABC y El Correo de Andalucía.

Dice ABC que "cuando el empresario mostró su indignación por esa petición, Ponce le dijo que era «una cosa absolutamente normal y habitual en la Junta» y que ellos habían tenido unas experiencias similares llegando incluso a hablarles de «baremos sobre la cuantificación de comisiones". Según Sánchez Cuerda, Ponce le indicó que para que viera que el dinero no era para él, traería los 300.000 euros y los 150.000 de la acometida eléctrica «en un maletín a la reunión que tuvieran con una tercera persona y que luego abandonarían el despacho dejando el maletín allí».

Sánchez Cuerda explicó además cómo en la segunda reunión que se produjo (de la cual existe una grabación que realizaron los empresarios y que se convierte en la principal prueba de cargo del caso) Ponce y Mellet, a la vista de la negativa rotunda de los empresarios a entregar el dinero —que Ponce reconoce inicialmente como «impuesto revolucionario» de la Junta—, le explicaron que podían instrumentar su pago de 300.000 euros a través de una donación a la fundación Mercasevilla, que les desgravaría fiscalmente. En esa reunión, según dijo, se produjo una especie de «regateo» en el que le hablaron de que pagara sólo 200.000 euros «y ya no hablamos más». Además Sánchez Cuerda dijo ayer que la impresión que él tenía era que, del dinero exigido (450.000 euros), una parte era para Ponce y Mellet (150.000 euros) y la otra, (300.000), para la Junta de Andalucía.

Para convencer a los empresarios de la necesidad del pago de la comisión, uno de los directivos de Mercasevilla, le habló de que los catering que fueran a hacer Mercasevilla en un futuro o los de otras empresas públicas como Lipasam, los daría la Escuela de Hostelería y los beneficios que se obtuvieran serían para La Raza, que hasta entonces no servía en exclusiva ni a Empleo ni a Mercasevilla. Es el pasaje en el que Mellet cita a la presunta connivencia de otras personas vinculadas al Ayuntamiento, con el que «el tema estaría solucionado», como Enrique Castaño (ex consejero de Mercasevilla), Alfonso Mir (concejal y responsable político de Mercasevilla), Antonio Torrijos, máxima figura de IU en el Ayuntamiento y teniente de Alcalde o Manuel Marchena, ex gerente municipal de Urbanismo.

La juez investiga asimismo una duplicidad de contratos de la empresa de hostleería y de Mercasevilla con la constructora Sando por el alquiler de la nave donde se instalaría la escuela.

Recuérdese que el pasado 19 de junio la juez que investiga el caso Mercasevilla dictó un auto en el que resolvía la admisión de la querella presentada por el PP y en el que concretaba los imputados, ya que el escrito de los populares apuntaba a los dos directivos de Mercasevilla y a diversos políticos a los que les imputaba hasta siete delitos, aunque sin concretar los hechos.

En dicho auto, la magistrada imputa formalmente al delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía y destacado factótum del PSOE de Sevilla, Antonio Rivas, al ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, el ex subdirector, Daniel Ponce, y a la empleada que dirige los proyectos de la Fundación Mercasevilla, Regla Pereira. Es decir, las mismas personas sobre las que se estaba dirigiendo la investigación de la Fiscalía después de que la Junta le pusiera en conocimiento de los hechos. Sin embargo, la imputación de Rivas es la única de las cuatro que responde a una cuestión de garantías procesales. Es decir, por el momento la única prueba contra Rivas es la declaración de Mellet, en la que asegura que el delegado de Empleo estaba al tanto de todo, pero, pese a no ser una prueba física, la juez tiene que imputarlo e iniciar una investigación contra él.

Por este motivo, ayer, PP y PSOE interpretaban de forma dispar la decisión judicial. Por un lado, los populares pedían su dimisión, mientras que el consejero de Empleo, Antonio Fernández, aseguró que ser responsable de un supuesto delito “no es suficiente para tomar una decisión que suponga la separación de sus responsabilidades”. La juez ya ha citado a Rivas para el 16 de noviembre y al resto de imputados para el próximo 17 de julio.


Aparece un sindicalista de UGT en la escena

El empresario reveló la aparición de un nuevo personaje desconocido y que acudía a las reuniones previas a la concesión de la subvención de Empleo como presunto intermediario. Se trata de Juan Lanzas, que, según Sánchez Cuerda, estuvo en las reuniones que se produjeron en la propia Delegación de Empleo y «se desenvolvía muy bien por los despachos y lo conocía todo el mundo». Juan Lanza, persona por la que la jueza Mercedes Alaya preguntó ayer, estuvo en las tres o cuatro reuniones que se celebraron en Empleo. El empresario aseguró que sabía que era de Jaén por los comentarios que realizaba y que «tenía o participaba en una cooperativa de aceite e incluso le propuso que le comprara su aceite». Según el empresario, Lanza «tenía algún cargo en la Junta, como persona intermediaria y, en las reuniones, tomaba la palabra no sólo para hablar de la Escuela de Hostelería, sino también de la subvención.

Informa ABC de que, procedente del sindicalismo duro de los 80, Juan Lanzas era uno de los referentes provinciales de aquella UGT combativa, según informa Javier López. Desde la dirección jiennense de la federación alimentaria impulsó las movilizaciones convocadas en cárnicas Molina. Su eficacia y su mano izquierda le catapultaron a la ejecutiva regional, donde como secretario general de la federación de alimentación de la UGT-A se opuso a la venta de la envasadora Coosur a Aceites del Sur fraguada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales durante el segundo gobierno del PP. Aunque nunca ha estado en primera línea política mantiene una buena relación con el poder socialista jiennense.

Una auditoría revela gastos y pagos sin control en la Fundación de Mercasevilla y el alcalde de Sevilla quiere disolverla para no verse implicado


Cuenta El Correo de Andalucía que "el alcalde pidió ayer que se disuelva la Fundación Mercasevilla al detectarse diversas irregularidades en su gestión. Los directivos solían actuar sin el consentimiento de los órganos de gobierno, por lo que el Ayuntamiento ha decidido no amparar sus actuaciones y enviar el informe a la juez que investiga las comisiones. El informe de la comisión auditora, creada por el Consejo de Administración de Mercasevilla, revela diversas irregularidades muy graves y continuadas en la gestión de la Fundación Mercasevilla, en el punto de mira tras destaparse el presunto cobro de comisiones ilegales, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 6. Una actuación que ayer, fuentes cercanas a la comisión, calificaban de “despilfarro y auténtico descontrol”. Se trata de mostrar que los imputados en el caso actuaban por su cuenta y no por orden de sus dirigentes.

Ante dicho documento, la comisión ejecutiva de la empresa pública contaba con sólo dos posibilidades de actuación. La primera era la aprobación de la gestión de los anteriores directivos, con lo que asumían que habían actuado a espaldas de los órganos de gobierno de la institución y sin control alguno. La segunda consistía en el rechazo de las actuaciones, lo que conllevaba la disolución de la fundación.

La opción del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y del presidente de Mercasa (empresa nacional con participación en Mercasevilla), Ignacio Cruz, fue decantarse por la segunda solución, por lo que el primero dio la orden de que se disuelva la Fundación Mercasevilla por las irregularidades detectadas y que se trasladen las conclusiones del informe al juzgado que investiga el caso, en el que están imputados el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet y su adjunto Daniel Ponce; la empleada que dirige los proyectos de la Fundación, Regla Pereira; y el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas.

Entre las muchas y graves irregularidades que se han detectado, aunque se han dado en todas las áreas de la gestión, los directivos de Mercasevilla firmaban indemnizaciones por rescisiones de contrato con cantidades muy por encima de lo establecido en la ley y llegaban a colocar como ingresos en un año por patrocinio cantidades que en realidad tenían que repartir en varias anualidades.

Según informó ayer el Ayuntamiento en un comunicado, la comisión ejecutiva de Mercasevilla ha ordenado la continuación del trabajo de la comisión auditora y de la empresa Deloitte “a fin de completar el análisis crítico de los procedimientos administrativos llevados a cabo en Mercasevilla”. En la orden dada, se insiste en que las actuaciones de los anteriores directivos se hicieron “sin conocimiento” de la comisión. Por ello, la investigación pretende “detectar cuantas incidencias se hayan producido en la gestión de gastos, inversión, pagos, créditos, traspasos, contrataciones y asuntos de personal sin el sometimiento y sin comunicación de los órganos de gobierno de la empresa”.
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Eso no puede ser verdad, eso alguien lo habrá soñado y se habrá pensado que es verdad. Pero me supongo que estará equivocado o equivocada.
No es posible porque aquí nuestros políticos y gestores de fondos son muy honrados.
Eso lo habrá escuchado en sueños o en algún pais extranjero de esos de nombre raro. Pero aquí no quiyo, que esas cosas no pueden pasar aquí, anda ya, no flipes.
¿En el Merca? anda ya, que no, que no.