Estepona - Malaga

Se levanta el secreto del sumario del caso Astapa y se intuye un supercaso socialista de corrupción Imprimir E-Mail
Escrito por Por Andalucía LIbre
viernes, 26 de junio de 2009

Patricia Rojo, Antonio Barrientos y Gaspar ZarríasUn año después de las primeras detenciones en Estepona, gobernada entonces por el socialista Antonio Barrientos y ahora por el socialista David Valádez, que intervino en la denuncia del caso, se ha levantado el secreto del sumario dejando entrever un supercaso socialista de corrupción, según las declaraciones de algunos empresarios, del mismo tipo o superior al caso Marbella. "Las comisiones que hemos tenido que pagar en Estepona son mucho mayores que las que tuvimos que pagar en Marbella en tiempos de Roca". Así se expresaba un empresario de la constructora Proincosta, según uno de los primeros informes policiales conocidos del caso Astapa, cuenta El País. Hay que recordar que Patricia Rojo, hija del presidente socialista del Senado, Javier Rojo, está implicada en los hechos.

En aquella operación policial-judicial, fue detenido el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, otros seis ediles del PSOE y del partido posgilista PES, así como numerosos cargos y técnicos municipales relacionados generalmente con el urbanismo. La apertura del sigilo judicial ha permitido, en primer lugar, confirmar lo que era un secreto a voces en la ciudad: que la causa arrancó gracias a dos concejales, el actual alcalde, David Valadez (PSOE) y su compañera de corporación Cristina Rodríguez, que en noviembre de 2006 denunciaron en Madrid ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal las irregularidades de las que eran testigos. La instrucción, que sigue abierta, acumula 63 imputados.

Igual de evidente es que la dirección del Partido Socialista Andaluz, liderado por Manuel Chaves noi hizo caso alguno a dichas denuncias por lo que el alcalde Barrientos siguió en el cargo. Cuenta ABC que Una grabación de la Policía revela que la dirección del PSOE de Málaga recibió «un montón» de quejas de los casos de corrupción en Estepona y que la denuncia partió de dos concejales socialistas. Los investigadores grabaron una conversación el 28 de noviembre de 2007 entre el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, y el abogado Juan Simón, ambos imputados en el caso «Astapa», donde el edil socialista le dice al letrado que la Ejecutiva Provincial está recibiendo «un montón de quejas». También le dice que ha pedido una cita con la entonces secretaria provincial, Marisa Bustinduy, actualmente diputada socialista en el Parlamento andaluz, para «poner verde» al concejal de Urbanismo, Rafael Duarte. En la cinta, algunos imputados critican a Duarte por no aprobar convenios irregulares y no inflar el presupuesto municipal.

La Policía tuvo conocimiento de que la dirección provincial fue informada antes de las pasadas elecciones de las irregularidades destapadas hace un año por el Juzgado. La jueza destaca en el sumario que «la Policía Judicial sigue investigando sobre los hechos denunciados, que, dada la complejidad de la causa, su gran volumen y el número de imputados, requieren de varias líneas que actualmente están en su fase álgida». Bustinduy intentó, sin éxito, tapar la crisis de Estepona, junto a miembros de su Ejecutiva y otros cargos orgánicos e institucionales del partido. Además, según militantes del PSOE, la dirección malagueña no es la primera vez que mira hacia otro lado y hace oídos sordos a denuncias sobre irregularidades urbanísticas en otros municipios de la provincia.

El actual alcalde de Estepona, David Valadez, y la concejala socialista Cristina Rodríguez denunciaron la presunta trama de corrupción del Ayuntamiento, según figura en la parte del sumario levantado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, encargado del caso. El Juzgado levanta ahora el secreto de los seis primeros tomos, que suponen desde el folio uno al 2.857, «donde constan todas las actuaciones practicadas hasta principios de junio de 2008», mes en el que se desarrolló la operación policial. La denuncia de ambos ediles fue formulada el día 16 de noviembre de 2006 y en ella se establece que los dos «llevan ejerciendo el cargo desde el mes de junio de 2003 y en el tiempo transcurrido han venido observando distintas irregularidades, las cuales llevan a pensar que pudieran estar cometiéndose presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el entorno del Ayuntamiento de Estepona».

El contenido de las irregularidades

La policía concluye que "los partidos políticos de Estepona, más concretamente el PES y el PSOE, tendrían al menos ciertas irregularidades en su financiación que podrían derivarse en actividades ilícitas". Se cita el caso de un convenio, tasado en 1,2 millones de euros que supuestamente sirvió para pagar la lujosa campaña electoral del PSOE esteponero en mayo de 2007. Para disimular esta financiación irregular, Barrientos supuestamente pidió a sus compañeros de lista que suscribieran un préstamo de 6.000 euros cada uno.

También se detectaron contrataciones y procesos de selección de personal "amañados" y aumentos injustificados de sueldo. El ex jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores, uno de los cerebros de la trama, propuso para él un complemento de 1.800 euros mensuales para que el entonces edil de Hacienda, Francisco Zamorano, lo presupueste, según la policía.

Valadez y Rodríguez entregaron a la policía una declaración de 18 folios acompañada de una carpeta amarilla con información sobre 15 convenios urbanísticos en la localidad, en la mayor parte de los casos con tasaciones de terrenos a la baja, lo que suponía tanta ventaja para los promotores como quebranto económico para el municipio.

Los principales implicados en el caso Astapa eran conscientes de la posibilidad de que la policía hubiera pinchado sus teléfonos y tomaron sus precauciones. El 24 de abril de 2007, el entonces alcalde Antonio Barrientos telefoneó a la que entonces era secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy. En un momento de la conversación, ésta le pregunta al alcalde si tiene teléfono fijo en su casa para "comentarle un temilla". Barrientos responde: "Yo tengo un teléfono blindado y controlado aquí en el Ayuntamiento ¿sabes? con todo tipo de medidas de seguridad, un teléfono rojo".

La discreción telefónica se extendía a los regalos que los concejales y altos cargos municipales percibían de empresarios. El abogado de la promotora Valle Romano, Daniel Delgado, estaba preparando una partida de "regalos navideños" para personas del entorno político, periodístico y empresarial de Estepona. Delgado llamó a la secretaria del responsable de la empresa y le conminó a que las dádivas fueran "una cosa discretita". "Es necesario que la entrega de regalos se haga de forma individualizada y muy discreta, de manera que nadie sepa qué regalos han recibido los otros". Según el sumario, los imputados políticos no hacían ascos a la procedencia del dinero, siempre que éste llegara puntualmente y en metálico. El concejal del Partido Estepona (PES) Manuel Reina, pidió supuestamente 42.000 euros a repartir con otros dos imputados a cambio de otorgar licencia para el Club Oasis, un local de alterne. Los imputados exigieron el dinero en dos plazos mientras los vecinos de la zona protestaban por la implantación del prostíbulo en su vecindario.

Tres cajas municipales, dos de dinero negro

En la Estepona de Barrientos el Ayuntamiento tenía tres cajas, una legal y dos para comisiones particulares. La corrupción estaba “asumida e interiorizada”. La caja A era donde estaba el dinero fiscalizado y destinado a los fines previstos por la ley. La caja B se reservaba para las comisiones ilegales de las promotoras y en la C se ingresaba presuntamente el dinero destinado a cuentas particulares, según el relato de los concejales.

Valadez y Rodríguez presentaron a la juez un dossier de 18 folios en los que realizaban una exposición de los hechos irregulares que habían detectado en el Ayuntamiento, que podían ser constitutivos de presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, entre otros, y que ellos contemplaron en el equipo municipal desde junio de 2003, durante tres años. Entonces se decidieron a denunciar.

Patricia Rojo, hija del presidente del Senado

Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, el socialista Javier Rojo, fue asimismo imputada nuevamente a pesar de haber negado su participación en el caso. Patricia Rojo, salió del despacho de la jueza imputada y acusada de prevaricación y cohecho. La que era coordinadora de Urbanismo interrumpió sus vacaciones para declarar ante la juez Isabel Conejo imputada de presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Sobre las 9.15 del 17 de julio de 2008 llegó a los juzgados acompañada de su abogado y salió unas tres horas después, confirmándose su imputación.

Según contó en su día El Confidencial, "el destino de Patricia Rojo está ligado al del alcalde de Estepona,el socialista detenido en el marco de la Operación Astapa, Antonio Barrientos. Ella es una persona de su confianza. Cuando cese él, cesará ella”. De las distintas tramas existentes en el Ayuntamiento esteponero, Rojo era ‘miembra’ de la del alcalde “la que se encargaba de las grandes operaciones”, explicaban fuentes conocedoras de la actividad del Consistorio. “Imposible que no estuviera al corriente de sus manejos”, añaden.

Patricia Rojo fue citada a declarar ante la Policía porque se encargaba de la coordinación del área de Urbanismo en la localidad vecina a Marbella. ¿Pero qué hacía una chica como Patricia Rojo en un nido de corrupción como el Ayuntamiento de Estepona? De formación abogada, fue fichada en prácticas por Antonio Caba, ex alcalde socialista de Estepona, cuando gobernaba junto a PP, PA e IU entre 1999 y 2001. Caba es el antecesor, mentor y abogado de “El pollo”, que es como llaman a Barrientos en su pueblo. Su relación era tan intensa que Caba es su abogado. En el momento de su detención, Caba le acompañaba como letrado.

Las actividades del alcalde hoy detenido no podían serle ajenas a Rojo. El 23 de marzo del año 2007, la comunidad de propietarios del complejo Playa Dor denunció ante la Fiscalía al alcalde de Estepona, Antonio Barrientos; a la coordinadora del área municipal de Urbanismo, Patricia Rojo; a un técnico municipal de esta área; al imputado en el Caso Malaya Giovanni Piero Montaldo –empresario italiano vinculado a la mafia calabresa-; y a las empresas Promociones Los Ansares, S.A., vinculada a José María del Nido, y Moansa, S.A. por la comisión de un presunto delito urbanístico.

Casualmente, Barrientos departía –y hay suficiente material fotográfico que lo demuestra- tanto con el presidente del Senado, Javier Rojo, como con el presidente del Congreso, el también socialista, José Bono.
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