Palacios del Sil - Leon

EL PRINCIPADO DE ASTURIAS GOBERNADO POR EL PSOE , rechaza subvencionar a centros que separen a los alumnos por sexos.

Wert defiende que las comunidades autónomas deben renovar los conciertos con los colegios que imparten educación diferenciada

La consejera regional asegura que el Gobierno de Mariano Rajoy ha pactado con el sector más conservador de la Iglesia católica

El Ejecutivo asturiano ha recurrido al Constitucional tanto la segregación en la enseñanza como el acceso de estos centros a los fondos público.

Las subvenciones a centros que segregan la educación por sexos aumentan el abismo entre los Gobiernos central y asturiano, cuyo límite determinarán los tribunales de justicia. La idea del ministro José Ignacio Wert de que las comunidades autónomas deben renovar los conciertos con este tipo de centros ha encendido los ánimos de la consejera del Principado, Ana González, que le acusa de pactar con el sector más conservador de la Iglesia católica al blindar a este tipo de colegios en una disposición transitoria de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

La disposición transitoria señala que “en aquellas situaciones en que se haya suspendido la vigencia de conciertos, basándose en el hecho de que se imparta educación diferencia por sexos, se tienen que renovar, siempre y cuando la causa alegada haya sido la existencia de esa educación diferenciada”.

En base a esta disposición, el ministro de Educación obliga a las comunidades autónomas a renovar los conciertos con este tipo de centros que los retiraron en 2013, alegando la segregación por sexos. Asturias es una de las autonomías que retiró las subvenciones y mantiene su rechazo a darles subvenciones, de acuerdo con la resolución de febrero de 2013, que incluye “la imposibilidad de suscripción o renovación de conciertos a aquellos centros con un sistema docente de educación diferenciada por sexos”.

Para la consejera asturiana, esta opción educativa es “claramente discriminatoria, cuando la igualdad debería ser un principio rector y uno de los objetivos de la educación”. Ana González considera que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene “un pacto con la Iglesia más conservadora de este país” y recuerda que la educación “es una cuestión social, no religiosa y nunca debe de estar dominada por una confesión concreta”.

En 2013, el Gobierno del Principado denegó la solicitud a dos centros asturianos, Peñamayor y Los Robles, de la patronal de Fomento de Centro de Enseñanza S.A., vinculada al Opus Dei, que recurrió al Tribunal Superior de Justicia. El alto tribunal dictó un auto que obliga a mantener estos conciertos de manera cautelar hasta que se dicte sentencia firme sobre el fondo del asunto, decisión que está recurrida por la consejería de Educación.

Para el ministro Wert este tipo de centros representan un modelo minoritario en la educación en España y dice que son las comunidades autónomas, quienes atendiendo a criterios de demanda educativa, deciden o no establecer conciertos con los distintos centros para garantizar la provisión de plazas suficientes.

En el escenario que plantea el ministro, Asturias rechaza de pleno seguir subvencionando a este tipo de centros. Además, los argumentos de la segregación por sexos y el acceso a los fondos públicos de estos colegios son dos aspectos recurridos ante el Tribunal Constitucional en el recurso de insconstitucionalidad que ha planteado el Gobierno del Principado.

En concreto, el ejecutivo autonómico denuncia la vulneración de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución en el apartado 71 y la disposición transitoria segunda de la LOMCE, dentro de la escolarización en centros sostenidos con fondos públicos, que defiende el ministro a pesar de las sentencias judiciales en contra de la discriminación en los centros.

Los aspectos denunciados por Asturias se refieren al texto que dice “no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos” y que “en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas en cualquier otro aspecto”.

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